La semana pasada, la Junta de Comisionados del Condado aprobó una ordenanza del Comisionado Javier D. Souto que enmienda el Código de Ética del Condado de manera que disponga que el Alcalde y cada uno de los Comisionados reciba una copia de la versión más reciente del Código de Ética del Condado de Miami-Dade antes de que tenga lugar su ceremonia de juramentación. Como parte de la ceremonia cada Comisionado tendría que firmar una declaración jurada afirmando bajo juramento que él o ella ha leído el Código de Ética y que está de acuerdo en cumplir el Código en todo momento durante el desempeño de sus funciones. Las Comisionadas Sally A. Heyman y Rebeca Sosa copatrocinaron la ordenanza.
"Se trata de un estándar extremadamente alto de ética y si un Comisionado incumpliera en algún momento una disposición del Código de Ética se estaría colocando en una posición muy precaria ya que no podría alegar ignorancia o desconocimiento del Código de Ética", dijo el Comisionado Souto. "Estoy dispuesto a firmar tal documento y respetar mi juramento de cumplir nuestro Código de Ética, conociendo las consecuencias de incumplir tal juramento".
El Comisionado Souto afirma que esta ley constituye un paso más para intentar restaurar la confianza pública en el gobierno. "He presentado varias medidas en los últimos meses y continuaré con estos esfuerzos encaminados a reformar nuestro gobierno y restaurar la fe y la confianza de los contribuyentes; somos funcionarios públicos y nuestra misión es servir las necesidades de nuestra comunidad", añadió el Comisionado Souto.
"Sin embargo, verdaderamente creo que no lograremos restaurar la confianza del público en los funcionarios elegidos y en los administradores que dirigen nuestro gobierno si no abrimos a la luz el funcionamiento interno y el proceso de toma de decisiones de nuestro gobierno y lo hacemos accesible al escrutinio público", declaró el Comisionado Souto. "Si no tenemos verdadera transparencia y asumimos responsabilidad, el público continuará teniendo falta de confianza en el gobierno y en los funcionarios elegidos. La gobernación no es un negocio privado y los dólares que se usan para el funcionamiento del gobierno, para pagar salarios generosos y amplios beneficios y para asignar contratos lucrativos de miles de millones, provienen de los impuestos y por tratarse del dinero de los contribuyentes tenemos que abrir el proceso de gobernación a la luz pública en mucha mayor medida que lo que se espera de una compañía privada".
El Comisionado Souto considera que uno de las consecuencias del colapso de Wall Street y de la industria bancaria y de bienes inmuebles es que las personas ya no dan por sentado dónde se está gastando su dinero y en particular, la manera en que se emplean o malgastan sus contribuciones fiscales. "De la misma manera que los conglomerados de miles de millones están descubriendo que los tiempos están cambiando y que sus accionistas les exigen más responsabilidad, también podemos ver esos mismos cambios arraigarse en el gobierno", afirmó el Comisionado Souto. "O bien escuchamos a las personas y trabajamos con ellos para cambiar y evolucionar o nos veremos obligados a cambiar forzosamente. Yo por mi parte continuaré trabajando con la población para introducir medidas para la reforma del gobierno".